A finales del mes pasado el Senado aprobó legislación para reformar la justicia penal, que incluyó la revocación de condenas mínimas obligatorias para algunas infracciones de drogas y la elevación de la edad a la cual un joven puede ser acusado como adulto. La Senadora del Estado local Sonia Chang-Díaz ha sido un proponente vocal de la reforma de la justicia penal. Gazette hizo una sesión de preguntas y respuestas con la Senadora, que aparece abajo editada.
(La Cámara recientemente publicó y aprobó su propia versión de legislación para reformar la justicia penal. Ahora los dos proyectos se dirigen al comité.)
P: ¿Qué la llevó a participar en la reforma de la justicia penal?
R: Comencé a participar en 2009/2010, cuando la primera ronda de la reforma de CORI ocurrió, y durante ese proceso, descubrí que el sistema es roto. Se supone que nuestro sistema de justicia penal preserva la seguridad de la gente y les trata a todos de manera igual, pero lo que he visto—y lo que los datos afirman—es que el sistema ha convertido en perseguidor. Durante las últimas décadas especialmente, el sistema ha convertido en un lío caro, inefectivo y racista. Hemos encarcelado a cuatro o cinco veces más personas que hicimos hace 40 años, pero no hemos reducido la drogadicción. Los políticos dicen que hay que estar “duro contra los traficantes de drogas”, pero no soluciona los problemas que más nos importan, si es la prevención de la próxima sobredosis o la próxima mamá en mi distrito que encuentre agujas usadas en el parque de sus niños.
P: Explica una situación que usted ha enfrentado que muestra la necesidad de reformas.
R: He escuchado historias de muchos votantes que son frecuentemente desoladoras. En una reunión comunitaria, un grupo de madres me dijeron que se preocupan por las agujas usadas en el parque de sus niños. Les pregunté si la solución es castigos más severos para los traficantes de drogas, pero dijeron que no iba a solucionar el problema de fondo. La triste realidad es que nuestras políticas de justicia penal están empeorando los ciclos de la pobreza, la violencia y la delincuencia, y no nos libran de esos ciclos.
P: ¿Qué significa para las comunidades de Jamaica Plain y Mission Hill si sus colegas logran la reforma de la justicia penal?
R: Si instituimos reforma comprensiva de justicia penal, millones de dólares impuestos serán salvados de inversión en un sistema inefectivo. Massachusetts gasta más de $53.000 al año en cada persona encarcelada, una inversión que podría dirigirse a programas comunitarios, educación e iniciativas que reducen la delincuencia basadas en evidencia. Sobre todo, tendremos un sistema de justicia que defiende nuestros principios de la imparcialidad y la equidad.
P: ¿Qué pueden hacer miembros de la comunidad para ayudar con el esfuerzo de la reforma de la justicia penal?
R: Pueden hablar con sus oficiales electos sobre lo que les importa de la legislación. Hay más decisiones para tomar antes de que un proyecto de reforma de la justicia penal se convierta en ley, y su opinión tiene importancia.